“¡No hay protección climática sin derechos ambientales y humanos!” – ese es el mensaje desde Maranhão, en el noreste de Brasil. Allí, las empresas de soja están destruyendo suelos, ríos y medios de subsistencia, con el respaldo del gobierno y el poder judicial.
Acaparamiento de tierras, envenenamiento con pesticidas, asesinatos de activistas: mientras Europa continúa importando soja y exportando pesticidas prohibidos aquí. El veneno regresa. Tan solo el año pasado se documentaron 420 actos de violencia: Maranhão es líder en deforestación.
¿Los perpetradores? Especuladores de tierras, agroempresas y gigantes agrícolas con 20.000 hectáreas de plantaciones. ¿Las víctimas? Pueblos indígenas, quilombolas y pequeños agricultores. Sus voces no se escuchan en los cuidadosamente elaborados “diálogos con las partes interesadas” de las corporaciones. Pero resisten con valentía, redes y batallas legales.
Raimunda Francisca Vieira Paz (Centro de Derechos Humanos Balsas) y el Dr. Ronaldo Barros Sodré (Universidad de Maranhão) informan directamente desde las zonas de conflicto. Muestran cómo una política climática sin justicia se convierte en una farsa. Su mensaje a Europa: formamos parte de la misma cadena de suministro y compartimos la misma responsabilidad.
Los preparativos para la Cumbre de los Pueblos en la COP 30 de Belém demuestran que debemos forjar nuevas alianzas nacionales e internacionales. Nuestra solidaridad determinará si la protección del clima es algo más que mero lavado de imagen verde.
Foto: Diogo Cabral, Desbroce de plantaciones de soja en Buriti Maranhão, 2023